La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

La noción de derecho a la ciudad fue inicialmente propuesta por un reconocido exponente de la Escuela Francesa de Sociología Urbana —Henri Lefebvre (1973)—, a fin de cuestionar la excesiva subordinación del espacio urbano a las necesidades de la industria y del capital. Pero dicha noción ha sido largamente revisada y resignificada, como recientemente se ha hecho en la CMDC10. En esta se conceptualiza el derecho a la ciudad como un derecho complejo e integral, que presenta varios componentes: el derecho a la vivienda, al trabajo, a un medioambiente sano y sostenible, al desarrollo, a la participación en la planificación y gestión urbana, al patrimonio y a la herencia histórica y cultural (Art. 1).

Mediante figuras tales como la “función social de la ciudad”, la cmdc incorpora también elementos que remiten a la problemática de la integración, del vínculo social y el ejercicio de ciudadanía. Afirma que las ciudades deben ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes “el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece” y asumiendo la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto. Sostiene, además, que las políticas urbanas deben promover el uso socialmente justo del espacio urbano e “inhibir la especulación inmobiliaria” (Art. 2): “En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses especulativos”.

Con respecto al ejercicio de ciudadanía, la CMDC incorpora el principio de no discriminación y el derecho “a la igualdad de derechos” (Mathivet, 2010, p. 26): asevera que todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de ingreso, etnia y género (Art. 1), y que las urbes deben asegurar el bienestar colectivo de sus habitantes en condiciones de igualdad, equidad y justicia (Art. 2).

El documento hace también hincapié en el desarrollo urbano, señalando que la planificación y la gestión urbano-ambiental deben garantizar el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y artístico e impedir la segregación y la exclusión territorial (Art. 5). 10

Como se adelantó, las críticas de los vecinos de La Boca contra la creación de un Distrito de las Artes aludieron al conjunto de derechos recién enumerados. Desde su perspectiva, la puesta en vigencia de esa normativa va contra el cumplimiento efectivo de tales derechos, los vulnera o violenta. Así, los testimonios antes reproducidos objetaron que el proyecto había sido elaborado por el poder de manera unilateral, vulnerando el principio de participación en la planificación y gestión urbana. Aseveraron que el derecho a la vivienda de los sectores populares que habitan en inquilinatos, de artistas y vecinos de clase media que arriendan sus talleres o viviendas se verá fuertemente comprometido, dada la presión que ejercerá el sector inmobiliario, acicateado por las facilidades económicas que se le ofrecen. Expresaron que lejos de limitarla, el proyecto de ley fomenta la especulación inmobiliaria. De resultas, indirectamente señalaron que va contra la función social de la ciudad. También indirectamente, sostuvieron que vulnera el derecho “a la igualdad de derechos” (Mathivet, 2010, p. 26) y el principio de no discriminación, por cuanto — según denunciaron— brinda un trato diferencial a empresarios e inversores externos, a quienes se favorece a expensas de los ciudadanos que ya residen en el área. Cuestionaron enérgicamente el modelo de desarrollo que pretende impulsar la normativa, al señalar que no tiene como propósito promover el desarrollo social de la población local ni generar fuentes de trabajo para esta última, sino que fomenta el desarrollo urbano especulativo y la apropiación privada del suelo urbano. Denunciaron que dicho modelo va contra la protección del patrimonio en todas sus variantes, indicaron que desarticulará las redes sociales y el tejido social local, y que atenta también contra la identidad barrial. Aseveraron críticamente, por último, que generará un fuerte proceso de segregación y de expulsión socioterritorial.

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